Quejas a la administración
EL PROCURADOR DEL COMÚN RECIBIÓ UN 15% MÁS DE QUEJAS QUE EN 2008
. La mayoría contra los ayuntamientos
. La mayoría contra los ayuntamientos
. Zamora registró el 7 % de quejas de la comunidad
Los ciudadanos de Castilla y León presentaron 2.334 quejas durante el pasado año al Procurador del Común, un 15 por ciento más que en 2007, cuando se contabilizaron 2.028, la mayoría de ellas afecta a competencias de los ayuntamientos --un 42 por ciento--, seguidas de las referentes a la administración autonómica --un 36 por ciento-- y la central --un 11 por ciento--, según informó este miércoles el Procurador del Común, Javier Amoedo.
Amoedo, que presentó el informe del ejercicio 2008 al presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, explicó que del total de quejas tramitadas 1.180, un 51 por ciento, fueron admitidas por el Procurador del Común, frente a un 16 por ciento --232 quejas-- que fueron rechazadas y un 14 por ciento --330 quejas-- que están en estudio.
Las actuaciones de oficio iniciadas por la institución del Procurador del Común para solicitar información a las distintas administraciones públicas sobre posibles casos de vulneración de derechos de los ciudadanos alcanzaron la cifra de 59 frente a las 31 que se registraron el pasado año, lo que supone un incremento del 90,32 por ciento.
Los principales temas que motivaron una actuación de oficio por parte de la institución el pasado año estuvieron relacionadas con el abastecimiento de agua potable y la contaminación por arsénico, urbanismo, medio ambiente, vivienda, la aplicación de la renta básica de emancipación de jóvenes, transporte, la implantación de la Televisión Digital Terrestre, patrimonio cultural y ancianos y dependientes.
En cuanto a la respuesta de las administraciones con respecto a las resoluciones dictadas por el Procurador del Común durante 2008 --688 emitidas-- Amoedo destacó que se alcanzó un nivel "aceptable", con una aceptación del 46 por ciento --el 51 por ciento la administración regional y el 42 por ciento las locales--, aunque incidió en que "más aceptable" sería que respondieran al "cien por cien", ya que actualmente hay 220 resoluciones pendientes de respuesta, el 32 por ciento.
"Muchas administraciones no contestan y otras reciben la resolución y no informan de si la aceptan o no" destacó, al tiempo que incidió en que no existe un medio coactivo para exigir una respuesta de las administraciones, ya que sólo se ha registrado en el ámbito nacional una sentencia condenatoria a un alcalde del País Vasco. "El verdaderamente defraudado es el ciudadano", aseveró.
De este modo, Amoedo destacó que los ciudadanos cada vez depositan más confianza en una institución que está "bien asentada" y auguró que durante el presente año, dada la situación de crisis económica por la que atraviesa el país, se registrará una proliferación de las quejas.
Amoedo, que presentó el informe del ejercicio 2008 al presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, explicó que del total de quejas tramitadas 1.180, un 51 por ciento, fueron admitidas por el Procurador del Común, frente a un 16 por ciento --232 quejas-- que fueron rechazadas y un 14 por ciento --330 quejas-- que están en estudio.
Las actuaciones de oficio iniciadas por la institución del Procurador del Común para solicitar información a las distintas administraciones públicas sobre posibles casos de vulneración de derechos de los ciudadanos alcanzaron la cifra de 59 frente a las 31 que se registraron el pasado año, lo que supone un incremento del 90,32 por ciento.
Los principales temas que motivaron una actuación de oficio por parte de la institución el pasado año estuvieron relacionadas con el abastecimiento de agua potable y la contaminación por arsénico, urbanismo, medio ambiente, vivienda, la aplicación de la renta básica de emancipación de jóvenes, transporte, la implantación de la Televisión Digital Terrestre, patrimonio cultural y ancianos y dependientes.
En cuanto a la respuesta de las administraciones con respecto a las resoluciones dictadas por el Procurador del Común durante 2008 --688 emitidas-- Amoedo destacó que se alcanzó un nivel "aceptable", con una aceptación del 46 por ciento --el 51 por ciento la administración regional y el 42 por ciento las locales--, aunque incidió en que "más aceptable" sería que respondieran al "cien por cien", ya que actualmente hay 220 resoluciones pendientes de respuesta, el 32 por ciento.
"Muchas administraciones no contestan y otras reciben la resolución y no informan de si la aceptan o no" destacó, al tiempo que incidió en que no existe un medio coactivo para exigir una respuesta de las administraciones, ya que sólo se ha registrado en el ámbito nacional una sentencia condenatoria a un alcalde del País Vasco. "El verdaderamente defraudado es el ciudadano", aseveró.
De este modo, Amoedo destacó que los ciudadanos cada vez depositan más confianza en una institución que está "bien asentada" y auguró que durante el presente año, dada la situación de crisis económica por la que atraviesa el país, se registrará una proliferación de las quejas.
Quejas por áreas y procedencia
Por áreas, según precisó Javier Amoedo, el principal motivo de quejas corresponde al régimen jurídico de las corporaciones locales, bienes y servicios municipales (434 quejas, el 19 por ciento), seguida de Fomento (364 quejas, un 16 por ciento); familia, igualdad de oportunidades y juventud (271 quejas, un 12 por ciento);la función pública (233 quejas, un 10 por ciento); medio ambiente (215 quejas, un 9 por ciento) y sanidad e interior con 165 y 168 quejas respectivamente, un 7 por ciento en ambos casos.
Del total de resoluciones dictadas por el Procurador del Común -688 quejas-- la mayoría fue favorable al interesado, un 56 por ciento, frente a un 44 por ciento de los dictámenes que dieron la razón a las administraciones.
Por provincias la mayoría de las quejas recibidas por el Procurador del Común proceden de León (613 quejas, un 26 por ciento), seguida de Valladolid (444 quejas, un 19 por ciento); Burgos (255, un 11 por ciento); Segovia (177 quejas, un 8 por ciento); otras provincias (152, un 7 por ciento); Salamanca (166, un 7 por ciento); Palencia (153, un 7 por ciento); Zamora (152, un 7 por ciento); Ávila (105, un 4 por ciento) y Soria (99, un 4 por ciento).
Por áreas, según precisó Javier Amoedo, el principal motivo de quejas corresponde al régimen jurídico de las corporaciones locales, bienes y servicios municipales (434 quejas, el 19 por ciento), seguida de Fomento (364 quejas, un 16 por ciento); familia, igualdad de oportunidades y juventud (271 quejas, un 12 por ciento);la función pública (233 quejas, un 10 por ciento); medio ambiente (215 quejas, un 9 por ciento) y sanidad e interior con 165 y 168 quejas respectivamente, un 7 por ciento en ambos casos.
Del total de resoluciones dictadas por el Procurador del Común -688 quejas-- la mayoría fue favorable al interesado, un 56 por ciento, frente a un 44 por ciento de los dictámenes que dieron la razón a las administraciones.
Por provincias la mayoría de las quejas recibidas por el Procurador del Común proceden de León (613 quejas, un 26 por ciento), seguida de Valladolid (444 quejas, un 19 por ciento); Burgos (255, un 11 por ciento); Segovia (177 quejas, un 8 por ciento); otras provincias (152, un 7 por ciento); Salamanca (166, un 7 por ciento); Palencia (153, un 7 por ciento); Zamora (152, un 7 por ciento); Ávila (105, un 4 por ciento) y Soria (99, un 4 por ciento).
Temas de quejas
Amoedo detalló algunas de las quejas más comunes presentadas ante la institución el pasado año y destacó aquellas relativas a la función pública que se centraron sobre todo en la selección de personal, publicación de aprobados y nombramientos, al tiempo que señaló que se tramitaron 14 expedientes relacionados con el acoso laboral.
En cuanto a las administraciones locales las quejas de los concejales sobre la omisión de información por parte del equipo de Gobierno de cada consistorio centró la mayoría de los expedientes relacionados con el régimen jurídico de las corporaciones locales.
La falta de medidas para proteger la legalidad urbanística en los ayuntamientos, la potabilización del agua y la contaminación acústica de bares y discotecas fueron otras de las áreas atendidas por el Procurador del Común.
En el área de familia la institución inició una actuación de oficio ante las quejas registradas con respecto a la demora en las resoluciones emitidas por la administración regional para acceder a las ayudas incluidas en la Ley de Dependencia. Así, como destacó Amoedo, tras esta actuación se pasó de estar pendientes de resolución el 66 por ciento de los expedientes al 37 por ciento.
El déficit de especialistas centraron la mayoría de las quejas relacionadas con sanidad, en concreto se registraron varias relacionadas con la falta de oncólogos en Ávila o de pediatras en Ávila, Burgos y Valladolid.
Sobre educación los ciudadanos reclamaron más atención por parte de los poderes públicos a alumnos con necesidades especiales.
En cuanto a las administraciones locales las quejas de los concejales sobre la omisión de información por parte del equipo de Gobierno de cada consistorio centró la mayoría de los expedientes relacionados con el régimen jurídico de las corporaciones locales.
La falta de medidas para proteger la legalidad urbanística en los ayuntamientos, la potabilización del agua y la contaminación acústica de bares y discotecas fueron otras de las áreas atendidas por el Procurador del Común.
En el área de familia la institución inició una actuación de oficio ante las quejas registradas con respecto a la demora en las resoluciones emitidas por la administración regional para acceder a las ayudas incluidas en la Ley de Dependencia. Así, como destacó Amoedo, tras esta actuación se pasó de estar pendientes de resolución el 66 por ciento de los expedientes al 37 por ciento.
El déficit de especialistas centraron la mayoría de las quejas relacionadas con sanidad, en concreto se registraron varias relacionadas con la falta de oncólogos en Ávila o de pediatras en Ávila, Burgos y Valladolid.
Sobre educación los ciudadanos reclamaron más atención por parte de los poderes públicos a alumnos con necesidades especiales.
Foto: El procurador del común en la presentación de uno de sus informes en las Cortes de Castilla y León.
Etiquetas: Castilla y León
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