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Boicot a una asignatura
EL PSCyL ACUSA A LA JUNTA DE ALENTAR Y FOMENTAR LA OBJECIÓN A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Los socialistas aseguran que la objeción se alienta con una orden remitida a los centros
El Grupo Socialista en las Cortes acusó este miércoles al Gobierno regional de "alentar y proteger" la objeción a la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía, implantada por primera vez en Castilla y León este curso 2008-09, mediante la orden que ha remitido a los centros docentes el pasado mes de agosto, y calificó de 'boicot' todas las medidas que ha adoptado para que esta materia se pueda estudiar en la Comunidad.
La viceportavoz del Grupo, Ana Redondo, y el procurador José Ignacio Martín Benito denunciaron, durante una rueda de prensa, la "improvisación, ambigüedad y falta de planificación" por parte de la Junta y afirmaron que los perjudicados son los alumnos, tanto los que van a cursar la asignatura como los que quieren objetar, los padres y los profesores de los centros a los que se traslada el problema.
La circular del 29 de agosto enviada a los centros docentes por la Dirección de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación respalda a los objetores, según explicó Martín Benito, al recoger en uno de sus puntos que los alumnos cuyos padres manifiesten a la dirección del centro su deseo de no asistir a las clases de Educación para la Ciudadanía serán atendidos por un profesor de guardia o por el encargado de la biblioteca.
Así, el procurador habló de "ambigüedad" cuando la Junta ha reconocido, por un lado, que la asignatura es obligatoria para la graduación de los alumnos y, por otro, "se protege la objeción". Martín Benito enmarcó la circular en directrices de la sede nacional del Partido Popular.
También, acusaron a la Junta de no haber planificado la asignatura ni haber formado a los profesores cuando tienen firmado un convenio con el Ministerio por importe de 796.708 euros, de los que el Gobierno aporta 318.683 euros y el resto la Junta, para 85 acciones formativas, 2.500 horas de formación y para 1550 profesores.
Para Martín Benito, la Junta ha actuado con sus acciones desde el "boicot, sin ambages", a esta asignatura, más cuando recordó los contenidos de la orden ministerial en su decreto. De la formación de profesores, explicó que han buscado ponentes en los centros de formación e innovación educativa para un curso los días 11 y 13 de septiembre, que se ha trasladado para finales de este mes.
Ana Redondo incidió, por su parte, en que la Junta y el PP han creado un "problema ficticio, que no existe en la sociedad, en su afán de oponerse" a la Ley General de Educación y a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y subrayó que el número de objetores es mínimo puesto que no llega al 1 por ciento, 150 de los alumnos matriculados.
En cuanto a qué hacer con los alumnos objetores, la viceportavoz socialista preguntó qué se hace si un escolar no quiere estudiar matemáticas o lengua, asignaturas obligatorias, y señaló que "no cabe la objeción" en un sistema general. "Hay leyes que no gustan pero que hay que cumplir", afirmó, para pedir a las familias que sus hijos cursen esta asignatura y acudan al Tribunal Constitucional si creen que se lesionan derechos fundamentales.
La viceportavoz del Grupo, Ana Redondo, y el procurador José Ignacio Martín Benito denunciaron, durante una rueda de prensa, la "improvisación, ambigüedad y falta de planificación" por parte de la Junta y afirmaron que los perjudicados son los alumnos, tanto los que van a cursar la asignatura como los que quieren objetar, los padres y los profesores de los centros a los que se traslada el problema.
La circular del 29 de agosto enviada a los centros docentes por la Dirección de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación respalda a los objetores, según explicó Martín Benito, al recoger en uno de sus puntos que los alumnos cuyos padres manifiesten a la dirección del centro su deseo de no asistir a las clases de Educación para la Ciudadanía serán atendidos por un profesor de guardia o por el encargado de la biblioteca.
Así, el procurador habló de "ambigüedad" cuando la Junta ha reconocido, por un lado, que la asignatura es obligatoria para la graduación de los alumnos y, por otro, "se protege la objeción". Martín Benito enmarcó la circular en directrices de la sede nacional del Partido Popular.
También, acusaron a la Junta de no haber planificado la asignatura ni haber formado a los profesores cuando tienen firmado un convenio con el Ministerio por importe de 796.708 euros, de los que el Gobierno aporta 318.683 euros y el resto la Junta, para 85 acciones formativas, 2.500 horas de formación y para 1550 profesores.
Para Martín Benito, la Junta ha actuado con sus acciones desde el "boicot, sin ambages", a esta asignatura, más cuando recordó los contenidos de la orden ministerial en su decreto. De la formación de profesores, explicó que han buscado ponentes en los centros de formación e innovación educativa para un curso los días 11 y 13 de septiembre, que se ha trasladado para finales de este mes.
Ana Redondo incidió, por su parte, en que la Junta y el PP han creado un "problema ficticio, que no existe en la sociedad, en su afán de oponerse" a la Ley General de Educación y a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y subrayó que el número de objetores es mínimo puesto que no llega al 1 por ciento, 150 de los alumnos matriculados.
En cuanto a qué hacer con los alumnos objetores, la viceportavoz socialista preguntó qué se hace si un escolar no quiere estudiar matemáticas o lengua, asignaturas obligatorias, y señaló que "no cabe la objeción" en un sistema general. "Hay leyes que no gustan pero que hay que cumplir", afirmó, para pedir a las familias que sus hijos cursen esta asignatura y acudan al Tribunal Constitucional si creen que se lesionan derechos fundamentales.
Foto: Una clase en el IES "León Felipe" de Benavente.
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Etiquetas: Educación
posted by La Crónica de Benavente y los Valles | 22:48
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