Una fosa de fusilados de la Guerra Civil en Santa Marta de Tera

LA JUEZ QUE REPARÓ 73 AÑOS DE OLVIDO
La orden de exhumar los cuerpos de siete represaliados constituye para los familiares «un hecho histórico»

Isabel Reguilón

El Norte de Castilla

El pasado viernes la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica completaba la exhumación en Santa Marta de Tera de siete cuerpos correspondientes a dos grupos de represaliados de la Guerra Civil. Las tareas habían empezado cinco días antes por resolución de la titular del Juzgado número 2 de Benavente, Tania María Chico, que daba curso así a una demanda presentada por familiares y asociación ante la Audiencia Nacional unos meses antes y remitida por el juez Baltasar Garzón a este tribunal.
Hace un mes los familiares de las víctimas se llevaron una sorpresa cuando el Juzgado les requirió para recoger sus testimonios. Era la primera señal de que su causa iba a contar con el amparo judicial. Los familiares de varios vecinos de la localidad leonesa de Destriana habían buscado desde hace años a sus muertos, y 73 años después de su desaparición se encontraron con que por fin la justicia se interesaba por su caso. Quizá había llegado el momento de que aquellos que un día quedaron en una cuneta pudieran contar su historia y recuperar la dignidad que nunca debieron de perder; ni ellos ni sus familias.
El anuncio de la exhumación fue recibido con nerviosismo. Algunos de los familiares más directos, hermanos o hijos de las víctimas, olvidaron el dolor físico de achaques y enfermedades, abandonaron su postración diaria y optaron por acudir hasta el cementerio próximo al río Tera para ser testigos de primera. Hasta 15 herederos de los represaliados leoneses han recordado junto a la fosa los acontecimientos de agosto de 1936, cuando los falangistas se llevaron en un camión a Baltasar Carbajo Vidales, Baltasar Valderrey Turrado, José Villalibre Toral y Aquilino Ortega Villahoz.
Durante la excavación, todos ellos han pasado por una experiencia única que no van a olvidar. Adhesiones, eco en la prensa nacional e internacional, intercambio con otros familiares, nuevos datos de la represión y de su propia historia. No ha faltado de nada en Santa Marta de Tera, ni siquiera el recelo de algunos vecinos a remover una tumba o viejos sentimientos.
Ellos mismos le han dado la consideración de momento histórico y afirman que se lo deben a la titular del Juzgado benaventano, que desde su responsabilidad ha aliviado su dolor, liberado su carga de años y propiciado que otras familias se animen a reclamar a sus allegados o que aquellos que recelaban pierdan el miedo a hablar de las injusticias que encierra una fosa común.

Trato humano
Baltasar Berciano Valderrey, de 48 años, a la vez familiar de víctima y miembro de la ARMH, define la importancia de la decisión de la juez. «Ha tenido una actitud maravillosa para las familias, muy reparadora. Ha cumplido su trabajo con dignidad, suma discreción y cautela, lo que nos ha alegrado enormemente». La única razón que la titular del Juzgado ha dado a las familias para admitir el caso es que «considera que es un derecho y que había que hacerlo». Sencillamente.
Pero los familiares también han sentido el apoyo humano. «En el trato con los familiares la juez ha mostrado una gran humanidad, ha querido estar con ellos, muy próxima, rozando los codos y, además, ha mostrado un grado de competencia excepcional».
No se trataba solo de recuperar los cuerpos, sino también que se sepa lo ocurrido. «Claro que es diferente el que tenga una tutela judicial, porque eso supone buscar la verdad judicial, que se investigue lo que ha pasado. Nosotros, como asociación, sólo podemos hacer la exhumación pero siempre hemos reclamado la tutela judicial».
Como familiar, Baltasar Berciano considera que el hecho de que la juez siguiera de cerca el rescate de los cuerpos también ha sido un apoyo esencial. «Nos parecía que estábamos viviendo un momento histórico con la juez, el forense y la Guardia Civil allí. Es totalmente distinto a lo que hemos hecho hasta ahora desde la asociación».
El colectivo confía en que otros jueces tomen ejemplo. Mientras tanto, seguirán con la labor comenzada en el 2000, para localizar otros enterramientos y devolver más restos a descendientes.
Pero, para sus integrantes, Santa Marta de Tera ha sido «un punto de inflexión»; las decisiones de la juez «han supuesto para todos nosotros una experiencia reparadora y educativa; a pesar del dolor, de las dudas al ver cómo estaban los restos -que se podrían haber recuperado hace muchos años- ha sido muy liberador».
A falta de los resultados del laboratorio, los familiares de Destriana parecen haberse liberado de una carga de 73 años, los mismos en los que «han vivido niñas de 8, 13 y 15 años que vieron como les arrebataban a sus padres» y que ahora podrán enterrar junto a sus allegados.
La búsqueda de los represaliados de Destrianaen Santa Marta de Tera permitió encontrar documentación relativa a la segunda fosa de represaliados. Asociación y Juzgado localizaron a los familiares de dos de las cuatro víctimas que allí yacían, aunque tras los años de fuerte represión hicieron que optasen por mantenerse en el anonimato en el momento en que todo el mundo estaba pendiente de ellos. Cinco días de contacto con las familias de Destriana, con la juez, con la publicación del caso en todos los medios, han favorecido que de forma tímida su historia se vaya sabiendo y no les importe contar discretamente lo que hasta ahora sólo relataban en casa, de hijos a nietos.

La segunda fosa
Víctor Calvo Sáez, un contable de Almacenes Otero de 33 años; Andrés Castaño Fernández, barrendero municipal de 46 años; Clemente López Hernández, jornalero de 33 años, y Modesto Rodríguez Vecino, dependiente de 26 años, son los cuatro ocupantes de la segunda fosa de Santa Marta de Tera. Los cuatro forman parte de la lista de presos de la cárcel de Puebla de Sanabria, en la que entraron 194 detenidos por delitos políticos entre el 27 de julio y el 29 de diciembre de 1936.
Son datos muy recientes, puesto que hasta 2007 no se tenía documentación de la prisión, entregada ese año al Archivo Provincial de Zamora por Andoni Bruña, quien lo encontró en una maleta, según el estudio de Lucio Martínez Pereda, publicado el año pasado por el CEB Ledo del Pozo, con la lista de todos los presos.
Cada publicación mueve a las familias a querer saber. Precisamente, una hija de Víctor Calvo se interesó por esta publicación en busca de datos de su padre, del que sabía que uno de sus enterradores había reconocido y pedido al resto un respeto para su cuerpo.
Otra familia ha asistido a la excavación en Santa Marta, la de Andrés Castaño, cuyo entorno nunca entendió ese crimen. Sin afiliación política ni sindical, el hecho de ser barrendero le costó la vida. Le fueron a buscar mientras trabajaba, «deja la escoba y ven con nosotros». No volvieron a verle. Unos días después una vecina acudió a casa y les dijo que habían matado a cuatro de Benavente en El Chote, Camarzana de Tera, y les habían enterrado en Santa Marta. Así lo cuenta hoy una nieta a quien su madre le repitió una y mil veces aquella historia en busca de un porqué que todavía no ha llegado.

¿Por qué me llaman roja?
Ni la de su padre ni la del hermano, «que se llevaron a la cárcel de Zamora y unos días después pidió a su madre que le llevara el traje porque tenía que declarar, pero que estaba tranquilo porque él no había hecho nada. Le mataron aquella misma tarde», dice esta benaventana que ha oído a su tía recordar una vez más ante los familiares de Destriana cómo cuando de niña, con nueve años, iba con su madre a poner flores a la tumba de su padre en Santa Marta y la gente no les dejaba y las insultaban. «Mi tía preguntaba: 'Madre, ¿por qué me llaman roja, si yo soy rubia?'».

Fotos: Zona de la excavación en el cementerio de Santa Marta. Tomás Carbajo, hijo de Baltasar Carbajo, uno de los fusilados de Destriana. Cementerio de Santa Marta con la zona de excavación bajo un toldo.