Quejas agrarias

UPA CONSIDERA QUE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE SE ESTÁ CONVIERTIENDO EN "EL LÁTIGO" DE LOS GANADEROS DE LA REGIÓN

Denuncia el "afán sancionador y recaudadodor de la Junta de Castilla y LeónLa organización agraria Unión de Pequeños Agricultores (UPA) denuncia el exceso de celo en las actuaciones que la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado a través de denuncias mediante el Seprona, a todas aquellas explotaciones que aún no tengan en vigor el libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas, según recoge la Orden 1260/2008 de 4 de julio.
Esta Orden afecta con carácter general a todas las explotaciones con actividades ganaderas sometidas al régimen de autorización y licencia ambiental que realicen gestión de deyecciones ganaderas. También afecta a quien gestiona estas deyecciones en materia de recogida, transporte, almacenamiento temporal y aplicación a los suelos (agricultores).
En este sentido, "las actuaciones del Seprona no se han hecho esperar, y aunque la Orden se publicó el pasado 16 de julio y aún existe un desconocimiento muy grande por parte de las unidades veterinarias y en los propios servicios comarcales, sin embargo, las denuncias de la Consejería siguen su curso", informa el sindicato.
UPA considera que "estamos ante actuaciones desproporcionadas por parte de la Administración regional, si tenemos en cuenta que el daño medioambiental es nulo, que no existe contaminación alguna, y que se trata de una actuación que lleva consigo el uso de las deyecciones en escaso periodo de tiempo".
Por este motivo, UPA considera que "estamos sin duda ante un nuevo ataque de la Consejería de Medio Ambiente contra la actividad ganadera, que vuelve a convertirse en la diana de actuaciones sancionadoras por parte del Gobierno regional". A este respecto, recuerdan desde el sindicato, las sanciones recibidas por utilizar plásticos y neumáticos para sujetar cubiertas de forraje ensilado, o por manipular cuerdas de plástico de paquetes de paja.
UPA lamenta que esta forma de proceder se esté convirtiendo en algo habitual en la comunidad autónoma. Bajo su punto de vista, esto responde "al enorme afán sancionador y recaudador de la Junta de Castilla y León, obligando al ganadero a más dedicación burocrática sin que ello suponga mayores garantías medioambientales".
La organización considera que existen varias causas por las que en los doce últimos años desaparecieron en Castilla y León más de 25.000 explotaciones ganaderas. Y apunta a que una de ellas es la imposición administrativa y normativa de diferentes rangos que sufren a diario los ganaderos, "presionados en su labor diaria, y en muchos casos obligados a dejar su actividad profesional".

Foto: Ganado ovino en Brime de Urz.