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viernes, septiembre 06, 2013

El desastre de la Pasarela de la Mota

EL PSOE SOLICITA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CUESTOS EN LAS CORTES REGIONALES

Los socialistas denuncian la falta de un estudio geotécnico y las irregularidades detectadas por el Consejo de Cuentas 

06.09.2013 | 01:17
Parlamentarios socialistas en una visita a Los Cuestos poco después de producirse el derrumbe.
Parlamentarios socialistas en una visita a Los Cuestos poco después de producirse el derrumbe. 


El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación sobre todo el proceso de elaboración, contratación, adjudicación, ejecución, seguimiento circunstancias relativas al posterior derrumbe del Proyecto y Obra de Mejora de Accesibilidad en Los Cuestos de la Mota.

La solicitud lleva fecha del pasado miércoles con la firma de los 29 procuradores regionales y propone que los trabajos de la comisión recaigan «en todo lo concerniente a la necesidad de la firma del convenio de 5 de octubre de 2010 entre la Junta de Castilla y León, la empresa pública SOMACYL y el Ayuntamiento de Benavente y el posterior proyecto, estudios previos, licitación, adjudicación, contratación, seguimiento, entrega de las obras y posterior derrumbe de los Cuestos y de la pasarela en ellos instalada».
De la documentación remitida por vía parlamentaria al grupo socialista -sostiene el PSOE- se infiere que no se hicieron los estudios geotécnicos en la zona donde finalmente se ubicó la pasarela, esto es, en la ladera de los Cuestos». El estudio geotécnico que hizo C2R consultora, se limitó a hacer dos sondeos en la parte baja, próximo al cauce de agua, cuando el anteproyecto pretendía salvar la ría.

Además, agregan, no prevalecieron los criterios de interés general para acometer la citada obra, dado que esta solo obedeció a «criterios de cooperación económica, técnica y administrativa» entre la Junta y el Ayuntamiento de Benavente», según se desprende de una respuesta parlamentaria a la que alude el Grupo Parlamentario.
A estos aspectos suman las irregularidades detectadas por el Consejo de Cuentas de la región. El organismo, dependiente de la Junta, dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones 2012 (Informe de Fiscalización de las Empresas públicas de Castilla y León, ejercicios 2010-2011), detectó varias irregularidades en la contratación del «Proyecto y Obra de Mejora de Accesibilidad en Los Cuestos de la Mota de Benavente», adjudicado por la empresa pública SOMACYL en 559.718, 46 euros a la empresa AMATEX el 4 de marzo de 2011.
El informe, según cita el Grupo Socialista en su solicitud, pone de relieve que se incumplió la Ley de Contratos del Sector Público en lo referente el principio de transparencia e igualdad en el trato.
Así, el contrato fiscalizado por el Consejo de Cuentas: «Proyecto y Obra de Mejora de Accesibilidad en
Los Cuestos de la Mota de Benavente», se advirtieron hasta siete irregularidades sustanciales. Primeramente No se especificaron los criterios para determinar si los licitadores alcanzan las condiciones mínimas de solvencia, y en segundo lugar, en el contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, se incluyeron criterios de adjudicación no evaluables, lo que no permitía valorar las ofertas, lo que impidió que los licitadores conocieran previamente como iban a ser valoradas sus proposiciones, afectando a los principios de transparencia e incluso al de igualdad de trato.
Siempre aludiendo al informe del Consejo de Cuentas, recuerdan los procuradores del PSOE que en el informe de valoración no se definieron los métodos de reparto ni se dejó constancia de los motivos de la puntuación otorgada. Ello dio lugar a que los licitadores desconocieran el detalle de los mismos al presentar sus ofertas, incumpliendo el articulo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público y afectando al principio de transparencia.
Además, tampoco se dejó constancia en el expediente de la documentación justificativa de la capacidad del adjudicatario ni de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Comunidad de Castilla y León.
Por último, ni constó el justificante del último recibo pagado del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) junto con la declaración de no haberse dado de baja, ni el contrato no se comunicó al Consejo de Cuentas de Castilla y León., ni tampoco se comunicó al registro de contratos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Todas estas circunstancias han llevado al PSOE a formular esta solicitud al amparo de lo dispuesto en el articulo 50 del Reglamento de la Cámara de las Cortes Regionales para pedir la creación de una Comisión de Investigación sobre todo el proceso.

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